18 Septiembre 2018

El Gobierno del Estado de Chihuahua, ha utilizado la fuerza pública para disolver manifestaciones pacíficas: comunidades indígenas

El Gobierno del Estado de Chihuahua, ha utilizado la fuerza pública para disolver manifestaciones pacíficas de comunidades indígenas, quienes exigen a la transnacional “Transcanada”, una justa indemnización por el daño al bosque.

Ayer lunes, varias comunidades del municipio de Bocoyna, se manifestaron en el Palacio de Gobierno, para exigir al gobernador Javier Corral, informe o aclare los motivos por el cual ordenó el desalojo violento de la comunidad de La Laguna, quienes en terreno ejidal mantenían un planto, para exigir a la empresa, la indemnización adecuada al daño causado al bosque en su comunidad, apegado a otras indemnizaciones de otras comunidades.

Las autoridades estatales han ignorado la exigencia de varias comunidades indígenas, a quienes les afectó la construcción del gasoducto, donde la empresa usó más área de la que se había firmado en el contrato, además de dañar flora de la sierra tarahumara en el municipio de Bocoyna.

El contrato que firmó la empresa permite el uso de ese terreno por 30 años, por lo que presumen que las autoridades de las comunidades y ejidos fueron corrompidas por la empresa, para que los contratos fuera a modo, así como las indemnizaciones que otorgaron 9 mil pesos por persona, sin embargo en otras comunidades entregaron hasta 150 mil pesos por habitante.

“Esto demuestra que fue muy disparejo el criterio de indemnización, se convino en contratar, utilizar una distancia de 10 metros hasta 15, pero encontramos que la obra se extendió hasta 60 metros, por lo que se extendió a la comunidad, por eso exigimos una renegociación y aumentar las indemnizaciones a los indígenas”, comentó Emiliano García, quien ha encabezó la exigencia de las comunidades, después de haber sido reprimidos en agosto, cuando en protesta se manifestaron en el gasoducto, en la refriega de los policías, acusan haber sido torturados y amenazados.

Agregó que algunas comunidades han comenzado a exigir la revisión de contratos y de reindemnización vía el tribunal agrario, así como el respaldo de los diputados de Morena en el Congreso del Estado y el Congreso de la Unión, así como otras organizaciones.